Una perspectiva legislativa sobre el ahorro popular

Lic. Dionisio A. Meade.

Interés de apoyar el ahorro popular.

Los años recientes han puesto a flor de piel toda la sensibilidad relacionada con la importancia de la generación y protección del ahorro popular. Hay inclusive interesantes reacciones de la perspectiva con que la sociedad ha observado el fenómeno del daño a los pequeños ahorradores afectados que contrasta con la forma desfavorable con que se apreció el rescate bancario apesar de que, en última instancia, lo que hizo fue proteger el ahorro nacional. Hay, de igual manera, una corriente de gran comprensión y simpatía con respecto a los planteamientos de los pequeños ahorradores defraudados.

En efecto, en lo que concierne a los programas de apoyo a ahorradores implícitos en el rescate bancario no hay plena conciencia de que lo que se protegió esencialmente fue a los ahorradores mexicanos y que esta protección era esencial para salvaguardar nuestro sistema de pagos. Esto ha acentuado más el argumento de que se utilicen recursos públicos en rescate de los pequeños ahorradores.

Hay que encontrar un enfoque que logre simetría entre los dos tratamientos.

La cuestión de ahorro popular ocupará la atención del Congreso con esta doble perspectiva: una acción de justicia reivindicativa que mira a resolver el pasado y una acción de impulso a la promoción de esta fuente de ahorro que por sus vínculos populares demanda vigorizarse en un marco de mayor protección.

Énfasis en la supervisión.

Los orígenes de la problemática del ahorro popular son diversos. Incluso sus manifestaciones no están necesariamente asociadas con las más graves expresiones de la crisis de 1994 y 1995. Sus problemas actuales se identifican más con fallas de supervisión y abuso de los administradores.

Hay que distinguir al tipo de sociedad que ha captado el ahorro popular. Ha habido dificultades tanto con las cooperativas financieras como con las sociedades de ahorro y préstamo. Ciertamente con muchas diferencias, ambas figuras disponen de marcos normativos, y ello me induce a pensar que los legisladores impulsarán para que sean las autoridades las que de modo principal se responsabilicen de la supervisión.

Hacer gravitar en la autodisciplina la responsabilidad de la supervisión me parece que se percibirá como una acción que deberá complementarse habida cuenta de las recientes experiencias del rescate bancario, de la concesión del RENAVE y de los propios ahorradores defraudados. Inclusive del SAR 1992.

Se requiere la presencia de una autoridad fuerte que regule, supervise y ordene lo relativo al ahorro y crédito popular.

Aspectos relativos al Fondo de Garantía.

El Fondo de Garantía propuesto en la iniciativa será, sin duda, uno de los aspectos de mayor interés para los legisladores, y las cuestiones se asocian tanto a la justificación del propio Fondo, como a su forma de operación.

La propuesta sobre el segmento del ahorro popular que va a ser objeto de garantía indica que si nos constituimos como cooperativa o como sociedad financiera popular en condiciones tales que puedan considerarse como una Entidad Ahorro y Crédito Popular, como se prevé en los lineamientos legislativos que están siendo elaborados, tendremos acceso a un marco regulado, entre cuyas normas estará la de contar con un Fondo de Protección para eseahorro.

Pero subsisten muchos problemas como por ejemplo de qué tamaño es el fondo aplicable; si las aportaciones son insuficientes, si son diferenciadas; qué pasa si son insuficientes.

Hay que recordar que la problemática actual surge a pesar de que tanto la normatividad aplicable como la que sé esta proponiendo señala expresamente que no hay espacios para rescates del gobierno. Pero cuando los quebrantos se vuelven generalizados fatalmente se acaba demandando la intervención de la autoridad con recursos públicos.

Esto volverá a plantearse si en el futuro se hace frente a un quebranto generalizado.

Y este es precisamente el reto principal: ¿cómo conciliar el límite de las responsabilidades privadas cuando no alcanzan los recursos para hacer frente a un daño general?

Probablemente de no mediar este ingrediente, los problemas actuales no tendrían la relevancia que han alcanzado en la agenda nacional. Y por eso vale la pena reflexionar en el tema de hasta por qué montos pueden aceptarse operaciones vinculadas a la captación y al crédito popular.

Cabe señalar que muchos de los más vigorosos reclamantes invirtieron sumas importantes a tasas inverosímiles que de ninguna manera debieron haber estado colocadas en estas sociedades.

Quizá no es lo que aconsejen los respetuosos del mercado, pero precisamente de lo que se trata es de acotar sus riesgos en una intermediación tan compleja, poniendo techos a los costos que pudieran implicar un rescate.

Coordinación con los gobiernos de los Estados.

Hay un elemento evidente en la problemática vigente. Todas las soluciones han considerado la necesidad de que los gobiernos de los Estados participen, y en esta consideración hay aristas interesantes. Por definición el ahorro popular tiene un alcance que descansa en el conocimiento de los actores, sean personas, regiones o intereses. Las entidades están más cerca de este nivel de operación y se ven más afectadas cuando se generan daños.

No es remoto, en consecuencia, que tenga que reflexionarse sobre esta coordinación y cooperación entre la Federación y los Estados respecto a disposiciones complementarias que puedan normar a las sociedades de ahorro popular. Esta cuestión no esta prevista en la legislación propuesta.

Construcción del mecanismo de salida.

La nueva disposición deberá considerar el mecanismo de salida que cuente con reglas para privilegiar a quienes menos recursos tengan. La estadística del “El Arbolito” acredita, por ejemplo, que el 85% de los ahorradores tenía menos de $ 15,000 colocados.

Disposiciones transitorias adecuadas.

Precisamente por el ingrediente político que trae consigo el análisis de esta situación y por la necesidad de que se prevean salidas para quienes ahora están en problemas, será preciso encontrar una solución legislativa que le dé salida segura.

Al mismo tiempo, las nuevas figuras políticas que reglamenten el ahorro popular tendrán que dar los espacios necesarios para que las sociedades vigentes se adecuen a esas formas.

Quedan, sin embargo, otras muchas cuestiones relevantes. ¿En qué medida es posible que las Federaciones y Confederaciones tengan funciones de autoridad? ¿Es razonable mantener un esquema de secreto bancario en estas operaciones, sin excepción de los créditos? ¿Se justifica que existan regímenes diferentes a las entidades afiliadas de aquellas que no lo estén? ¿Cómo afianzarían entonces su propia mecánica de protección? ¿Quién será responsable de garantizar la recuperación de las cuotas de supervisión?

Por otra parte, la mayor regulación aumenta los costos de transacción en estas áreas ¿cómo hacemos rentable la intermediación del ahorro popular al mismo tiempo que garantizamos su protección?

Todas estas cuestiones están asociadas a la promoción y protección del ahorro popular.

Hay enormes coincidencias en las capacidades que ofrece este tipo de ahorro y en las grandes ventajas que tendría para el país y para el ahorrador.

El ejemplo de las Afores ilustra lo que puede conseguirse cuando se articula una estrategia. Las modestas aportaciones de los trabajadores, al juntarse, permiten hablar de recursos muy importantes. Al cierre del año serán cerca de 300,000 millones de pesos y su participación dentro del ahorro nacional y la inversión productiva, a la que darán apoyo, será cada vez más relevante.

La ventaja, además, es que, nuevamente al sumarse, la rentabilidad de la inversión ha sido sumamente atractiva. A partir de su establecimiento, los rendimientos de las SIEFORES, con papeles de gran seguridad para los trabajadores, han obtenido rendimientos líder en el mercado.

Estos resultados confirman que al ahorro voluntario del SAR será creciente.

No se puede decir lo mismo de la participación de la banca en esta intermediación. No pocas veces los rendimientos que ofrecen a los niveles modestos de inversión son inclusive negativos. Pero disponen ya, a través del IPAB, de un mecanismo de protección al ahorro que será esencial para dar estabilidad al sistema financiero.

Las cajas populares, por su parte, reflejan este desigual balance: hay resultados muy favorables que ilustran las capacidades del sector y hay enormes dificultades que se manifiestan en la inconformidad de los pequeños ahorradores que han sido afectados en su patrimonio.

Estas circunstancias ocupan la atención del Congreso en el que se ha recogido ya la necesidad de legislar sobre un tema tan importante.

Temas cruciales hay detrás de la legislación que se tendrá que elaborar. Por señalar algunos: cómo organizar las capacidades del país para hacer efectivos sus planes de ahorro y crédito popular. Cómo darle seguridad y rendimiento a sus actores. Cómo influir para que las modalidades de ahorro popular se desarrollen a través de estas figuras protegidas y reguladas. Cuál es el adecuado equilibrio entre la supervisión de la autoridad y las capacidades de autorregulación. Cómo podemos asegurar que los Fondos de Garantía sean suficientes, transparentes y equitativos. Cómo además, se definirá la mecánica de salida. Cuál debe ser la relación entre los Estados y la Federación al promover y supervisar el ahorro y el crédito popular.

Esta suma de reflexiones será de la mayor importancia para que nuestro Congreso pueda materializar en un adecuado instrumento legal las disposiciones que permitan hacer de nuestro ahorro popular, no una expresión de inconformidad y violencia, sino una contribución al patrimonio de las familias y de impulso al progreso nacional. Es el reto que tenemos enfrente.

Contenido político de la problemática del ahorro popular.

• Hay que tener presente que los actuales legisladores vienen de campañas intensas que los llevaron a sus actuales desempeños.

• Los problemas del ahorro popular fueron relevantes entre los asuntos destacados de dicha competencia política.

• El ahorro popular canaliza recursos muy considerables. Con frecuencia involucra aportaciones modestas que son de gran importancia para quienes participan en el proceso.

• Cuando no se hace frente a las disponibilidades que pueden ejercerse por los depositantes, las movilizaciones son respuesta al impacto causado por los daños a los deudores y a su patrimonio.

• Ya ha habido pronunciamientos de los legisladores alrededor de esta problemática a pesar de lo temprano de esta legislatura.

• Diversos grupos parlamentarios han expresado la urgencia de legislar sobre este tema.